La campaña por un continente libre de la crueldad inherente a la industria peletera ha ganado un impulso significativo. A pesar de que la opinión pública mayoritaria y las legislaciones de numerosos estados miembros ya se inclinan por la erradicación de esta actividad, la cría de animales para obtener su piel continúa siendo una preocupación acuciante en varias naciones europeas.

La cruel realidad de la producción de pieles implica que criaturas como visones, zorros, conejos y chinchillas son confinadas en minúsculas jaulas antes de ser sacrificadas mediante métodos brutales como el gaseado, la electrocución o el desangrado. Estas condiciones no solo son éticamente inaceptables, sino que también plantean serios riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

En este contexto, la Alianza Verde ha presentado una firme solicitud a la Comisión Europea. Su petición central es doble: por un lado, el cierre total y definitivo de todas las instalaciones dedicadas a la peletería en la Unión Europea; por otro, la prohibición estricta de la comercialización de productos de piel provenientes de estas granjas dentro del mercado comunitario. Esta iniciativa cobra fuerza tras el éxito de la Iniciativa Ciudadana Europea “Europa libre de pieles”, que ha logrado reunir más de un millón y medio de rúbricas de ciudadanos de diversos países miembros, demostrando un consenso popular sobre la urgencia de esta medida.

Desde la Alianza Verde, se ha reiterado que, en repetidas ocasiones, han demandado a las autoridades españolas la clausura de las granjas de visones. Argumentan que esta es una cuestión de responsabilidad cívica y de sanidad colectiva, además de un imperativo ambiental y de protección animal, dadas las prácticas de maltrato sistemático que se perpetran en estos establecimientos. Aunque naciones como el Reino Unido, Croacia, Austria, Suiza y Holanda, e incluso Japón, ya han clausurado o prohibido la cría de visones americanos, España ha mantenido una legislación permisiva. Esto ha posibilitado que empresas peleteras foráneas se establezcan y planeen expandirse en el país, aprovechando las regulaciones laxas.

A pesar de que el número de granjas en España ha disminuido en los últimos años, no ha ocurrido lo mismo con su magnitud. Algunas de estas instalaciones llegan a albergar hasta medio millón de ejemplares, sometidos a un hacinamiento extremo que agrava los riesgos sanitarios. Estas condiciones son radicalmente opuestas al comportamiento natural de especies como el visón, un animal solitario y territorial por naturaleza. Por ello, la Alianza Verde insiste en la necesidad de aprobar la iniciativa europea, no solo por la seguridad y la salud animal y humana, sino también por el impacto medioambiental y la protección de la biodiversidad.

La falta de una normativa contundente ha convertido a España en un refugio para aquellos que obtienen beneficios a costa del sufrimiento animal. A diferencia de 20 estados miembros que ya han establecido prohibiciones totales o parciales, el país ibérico se rezaga, ignorando los principios éticos que han impulsado a otras naciones a adoptar decisiones drásticas y concluyentes en esta materia.