La Eco Reserva de Ojén, ubicada en la provincia de Málaga, vuelve a ser el foco de atención debido a un contencioso legal y ambiental. La administración andaluza ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este recurso va en contra de una decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la cual prohibía a la Junta ingresar al recinto para llevar a cabo el desalojo y clausura de esta zona de conservación. Este espacio es un refugio para más de 150 animales, incluyendo venados, muflones, cabras salvajes, jabalíes, aves de presa y reptiles, muchos de ellos rescatados o acogidos tras ser abandonados o hallarse en situaciones de vulnerabilidad.

La acción del gobierno regional reaviva una disputa legal que se ha extendido por más de cuatro años, provocando una considerable reacción pública en apoyo del proyecto ecológico. Los gestores de la Eco Reserva de Ojén en Málaga insisten en que el TSJA ya invalidó la intervención administrativa que la Junta pretendía realizar, y ven este nuevo recurso como una "nueva ofensiva legal" contra un entorno protegido que, según sus responsables, ha jugado un papel fundamental en la protección, la educación ambiental y la preservación de la diversidad biológica en la provincia malagueña.

Este refugio funciona como un santuario donde los animales reciben cuidados especializados y se fomenta la conciencia ecológica entre los visitantes. La controversia actual surge tras la decisión de la Junta de Andalucía de impugnar ante el Tribunal Supremo el fallo favorable emitido por el TSJA en octubre de 2024. El auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha declarado admisible el recurso de casación presentado por el Gabinete Jurídico de la Junta y ha ordenado la citación de las partes para comparecer ante la máxima instancia judicial.

El litigio se centra en el intento de la administración andaluza de acceder y desalojar las instalaciones del refugio natural. El TSJA había revocado previamente una autorización judicial de 2023, otorgada por un juzgado de Málaga, que permitía el ingreso a ciertas áreas del recinto, como la caseta veterinaria, contenedores y vehículos situados en el monte público Sierra Blanca. La reserva considera particularmente preocupante que la Junta persista en la vía judicial a pesar de la decisión anterior del TSJA. Los responsables argumentan que el tribunal dejó claro que no procedía la entrada solicitada por la administración, invalidando así el intento de acceso forzoso al recinto y el posible desalojo de animales y personal.

Desde la Eco Reserva se subraya que el conflicto se prolonga innecesariamente con el uso de fondos públicos. Consideran que el Ejecutivo andaluz debería buscar una solución consensuada que garantice la protección de los animales y la continuidad del proyecto ambiental. El recurso ante el Supremo representa además un considerable desgaste financiero y emocional para los responsables del refugio. Antonio Calvo, involucrado en el proyecto, ha alertado de que llevar el caso a Madrid podría resultar en una "ruina personal", mientras él continúa dedicándose diariamente al cuidado y alimentación de los animales albergados en el centro.

Uno de los aspectos más delicados de la disputa es el destino de los más de 150 animales que aún residen en el espacio natural, a pesar del cierre dictaminado por la Junta de Andalucía. El lugar sirve como refugio para la fauna silvestre, acogiendo ejemplares que han sido rescatados, abandonados o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Los directores del proyecto insisten en que la prioridad debe ser el bienestar de los animales y evitar cualquier acción que pueda desestabilizar el ecosistema del lugar. Explican que, desde el cierre, siguen yendo diariamente a la entrada del recinto para proporcionar alimento suplementario a parte de la fauna.

La reserva funcionó durante años gracias al apoyo de voluntarios, padrinos y visitantes comprometidos con la conservación ambiental y la educación ecológica. Los responsables resaltan que el proyecto logró establecer un significativo vínculo social y educativo en la provincia de Málaga. La prolongación del litigio judicial causa inquietud entre grupos ecologistas y ciudadanos que respaldan la iniciativa. Muchos opinan que la situación pone en peligro un modelo de conservación local que había conseguido integrar la protección del medio ambiente, la concienciación ciudadana y la recuperación de la fauna.

Un aspecto llamativo del caso es que la Eco Reserva de Ojén forma parte de un área protegida reconocida oficialmente por la propia Junta de Andalucía desde 2015. El sitio fue declarado Espacio Natural Protegido tras una iniciativa ciudadana y está integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC). Los responsables de la reserva consideran contradictorio que la administración promueva ahora acciones de cierre y desalojo contra un espacio que previamente había sido valorado por su importancia ecológica. Argumentan que el proyecto fue durante años un referente provincial en conservación y biodiversidad.

La controversia también ha reabierto el debate sobre la gestión de los espacios naturales protegidos y la relación entre las administraciones públicas y los proyectos privados de conservación. Algunos colectivos creen que el conflicto evidencia las dificultades en la coordinación institucional en relación con las políticas ambientales. Los responsables de la Eco Reserva defienden además que el proyecto contribuyó a concienciar a miles de visitantes sobre la biodiversidad, la fauna silvestre y la protección de los ecosistemas mediterráneos, convirtiéndose en un recurso educativo y ambiental clave para la provincia de Málaga.

La situación de la Eco Reserva de Ojén en Málaga ha generado una considerable movilización social en defensa del refugio natural. Sus responsables afirman que más de 102.000 personas firmaron para oponerse al cierre del recinto y solicitaron una solución dialogada para asegurar la continuidad del proyecto. El apoyo ciudadano ha hecho de este caso uno de los conflictos ambientales más notorios de Andalucía en los últimos años. Numerosos grupos ecologistas, voluntarios y residentes consideran que la reserva simboliza la conservación local y la protección de la biodiversidad.

Antonio Calvo ha enfatizado públicamente la necesidad de alcanzar acuerdos que impidan un mayor deterioro de la situación. El responsable del proyecto asegura que sigue yendo a diario a la entrada del recinto para alimentar a los animales que se acercan a la zona de acceso. El conflicto también ha provocado un impacto emocional y económico significativo en las personas involucradas en la gestión de la reserva. Los responsables denuncian que la prolongación del proceso judicial está obstaculizando cualquier posibilidad de recuperación del proyecto ambiental.

Muchos ciudadanos consideran, además, que la Eco Reserva logró fomentar la conciencia ambiental y acercar la naturaleza a miles de personas mediante actividades educativas, visitas y programas de sensibilización sobre la fauna silvestre y los ecosistemas mediterráneos. El destino de la Eco Reserva de Ojén en Málaga dependerá ahora de la resolución que emita el Tribunal Supremo tras la admisión del recurso presentado por la Junta de Andalucía. La Sala de lo Contencioso-administrativo deberá pronunciarse sobre la legalidad de las acciones iniciadas por la administración autonómica para acceder y desalojar el recinto.

El procedimiento judicial podría extenderse aún por varios meses, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de la reserva y de los animales que alberga. Las partes deberán comparecer ahora ante el Supremo en el plazo establecido por el auto judicial. Los responsables de la reserva consideran que el caso tiene, además, una importante trascendencia ambiental y social que va más allá del propio litigio administrativo. Argumentan que la continuidad del proyecto es fundamental para la conservación de la biodiversidad local y la educación ambiental en la provincia.

El conflicto también podría sentar precedentes importantes sobre la gestión administrativa de espacios protegidos y refugios de fauna en Andalucía. Diversos colectivos ecologistas seguirán muy de cerca la evolución judicial del caso. Mientras tanto, la situación de la reserva sigue suscitando debate político y ambiental en Málaga. El enfrentamiento entre la Junta y los responsables del proyecto refleja las tensiones existentes en relación con la conservación, la gestión territorial y la protección de la fauna en entornos naturales sensibles.

La impugnación ante el Tribunal Supremo agrava uno de los conflictos medioambientales más complejos y notorios de Andalucía en los últimos años. La Eco Reserva de Ojén, en Málaga, continúa defendiendo su rol como santuario de la biodiversidad y proyecto de preservación, mientras que la Junta mantiene su ofensiva legal para lograr el cierre y acceso al espacio natural. El porvenir de este entorno protegido está ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá determinar la legalidad de las acciones administrativas y el alcance de la controversia. En este contexto, la Eco Reserva de Ojén sigue siendo para muchos ciudadanos un símbolo de la protección del medio ambiente, la educación ecológica y la defensa de la fauna silvestre en la provincia malagueña. El caso de la Eco Reserva de Ojén pone de manifiesto las complejidades y tensiones existentes entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el marco legal en España.