En una reciente y significativa acción conjunta, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han logrado desmantelar una compleja red criminal. Esta organización se dedicaba al envío ilegal de desechos peligrosos, mayoritariamente componentes de vehículos y aparatos de refrigeración, desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, hacia diversas naciones del continente africano.

La investigación culminó con el arresto de 32 individuos y la identificación de cuatro entidades corporativas, con sedes en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, todas bajo sospecha de cometer delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Esta operación destaca el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado que pone en riesgo la salud pública y el ecosistema.

El origen de esta operación se remonta a las observaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de La Caldera de Taburiente, en La Palma, y de los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santa Cruz de Tenerife. Detectaron un flujo constante de mercancías que transitaban en contenedores marítimos entre el puerto de Santa Cruz y varios destinos africanos. Lo peculiar de estos envíos era el uso de documentación fraudulenta para evadir los controles y prohibiciones de exportación de ciertos materiales.

Entre los materiales ilegales encontrados, predominaban los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, como motores y compresores. Estos componentes eran extraídos de aparatos de refrigeración descartados, sin haber sido sometidos a la descontaminación adecuada. Este proceso irresponsable liberaba gases nocivos a la atmósfera, constituyendo una grave amenaza para el medio ambiente y la salud humana, según lo informado por la Guardia Civil. Además, se interceptaron piezas de automóviles sin descontaminar y aproximadamente 38 toneladas de extintores. La red también se valía de papeles falsificados para facilitar la exportación de vehículos como si fueran de segunda mano.

Se estima que la organización transportó ilegalmente alrededor de 650 toneladas de desechos peligrosos, sumados a 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor total aproximado de 800.000 euros. La estructura de esta red delictiva estaba encabezada por cinco individuos. Dos de ellos, residentes en Gran Canaria, manejaban la logística y la documentación para la exportación de los residuos. Los otros tres, ubicados en Tenerife, se encargaban de conseguir la papelería legal, ilegal o falsificada necesaria para los envíos, ya sea de forma directa o a través de intermediarios. Para simular la legitimidad de sus operaciones, la banda utilizaba "negocios" lícitos que emitían facturas a nombre de terceros, quienes en ocasiones desconocían por completo las actividades ilícitas de la red.

El delito de tráfico ilegal de residuos, incorporado al Código Penal español en 2015, prevé penas que van desde los tres meses hasta el año de prisión, multas de seis a dieciocho meses y la inhabilitación profesional por un período de tres meses a un año.