Organizaciones ambientalistas han presentado una solicitud formal al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) para que eleve una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El motivo es la controvertida desprotección del lobo ibérico, una medida introducida mediante enmiendas en la Ley de Desperdicio Alimentario. Este movimiento legal busca cuestionar la constitucionalidad de la legislación que permite la caza del lobo, una especie considerada clave para los ecosistemas, y ha generado un profundo debate sobre la protección de la biodiversidad en el país.

La acción legal surge a raíz de un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Galicia. El recurso impugna una resolución de la Xunta de Galicia que autoriza el control letal del lobo ibérico para la temporada de caza 2025/2026. Los grupos ecologistas argumentan que la inclusión de estas enmiendas en una ley que originalmente abordaba el desperdicio alimentario es un "ataque frontal al Estado de Derecho y a la normativa sobre biodiversidad", según ha declarado el abogado de las organizaciones, Doreste.

Las enmiendas en cuestión, impulsadas por el Partido Popular y respaldadas por otros partidos, resultaron en la exclusión del lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial en abril del año pasado. Esta exclusión revirtió una medida anterior de 2021 que reconocía el estado de conservación desfavorable de la especie y la necesidad de su protección. Los ambientalistas insisten en que el estado actual de la población de lobos no justifica su caza y que las medidas de control letal son contrarias a los criterios científicos y a las leyes de patrimonio natural y biodiversidad. De ser aceptada la solicitud, cualquier autorización de caza futura para el lobo quedaría en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional emita su dictamen.

Las organizaciones también han expresado su preocupación por la eficacia de la caza como método para prevenir daños al ganado, destacando la ausencia de evaluaciones rigurosas sobre la población de lobos y la falta de alternativas no letales. Argumentan que la caza sistemática, disfrazada de "controles", se ha convertido en una persecución de la especie. El Defensor del Pueblo ya ha recurrido esta ley ante el Constitucional, lo que subraya la importancia y la controversia del asunto. La petición al TSXG representa un esfuerzo por garantizar que la legislación que afecta a una especie tan emblemática como el lobo ibérico sea sometida a un riguroso escrutinio constitucional.

Este caso pone de manifiesto la tensión constante entre los intereses económicos de ciertos sectores y la necesidad imperante de conservar la rica biodiversidad. La decisión del TSXG de elevar o no esta cuestión de inconstitucionalidad será crucial para el futuro del lobo ibérico en España y sentará un precedente importante en la forma en que se abordan las políticas de protección de especies en el país.