El año 2025 marca un momento crucial en la disputa sobre la coexistencia entre el lobo ibérico y las actividades humanas en España. La reinstauración de métodos de control poblacional que incluyen la eliminación de ejemplares ha encendido un agrio debate entre los defensores del medio ambiente y los representantes del sector ganadero. Los primeros expresan su honda preocupación por el impacto negativo en la supervivencia del lobo, mientras que los segundos justifican estas acciones ante el incremento de incidentes que afectan a sus rebaños.

Detalles del conflicto y posiciones encontradas

En el epicentro de esta controversia se encuentra la reciente modificación legislativa impulsada por el Congreso, que ha retirado al lobo de la lista de especies protegidas en las áreas al norte del río Duero. Esta medida, incorporada a través de una enmienda en la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, ha sido fuertemente criticada por los grupos ecologistas. Argumentan que el proceso fue irregular y que la desprotección del lobo ha allanado el camino para una intensificación de las batidas.

Desde la perspectiva ganadera, Luis Pérez Portilla, portavoz de UGAM-COAG, ha manifestado la aprobación del sector a la recuperación de estos controles. Para él, esta decisión representa una “justicia” tras un período de tres años sin intervención, durante el cual, según su testimonio, la población de lobos se expandió y los ataques al ganado se generalizaron, especialmente en Cantabria. A pesar de estas acciones, el número de ataques sigue siendo considerable, lo que subraya la necesidad de un nuevo plan de gestión para 2026 que contemple un aumento en el número de extracciones autorizadas, siempre fundamentado en criterios científicos y la incidencia de ataques. Pérez Portilla también ha hecho un llamado a la sociedad para que cese el “acoso” al sector primario, enfatizando que su objetivo es la convivencia con el lobo, pero bajo un estricto control poblacional que garantice la viabilidad de la ganadería extensiva.

En contraste, Theo Oberhuber, representante de Ecologistas en Acción, ha calificado el 2025 como un “año horribilis” para el lobo, lamentando el aumento de los controles letales y el retroceso en su estatus de protección. Ha denunciado el abatimiento de numerosos ejemplares en regiones como Cantabria y Asturias, y ha advertido sobre los intentos de otras comunidades, como La Rioja, de clasificar al lobo como especie cinegética. Oberhuber considera que estas prácticas son ilegales, citando la Directiva Hábitats Europea que, en su opinión, prohíbe tales actuaciones para especies en un estado de conservación desfavorable. Los ecologistas han presentado recursos legales contra las administraciones autonómicas y confían en obtener un fallo favorable, aunque temen que los procesos judiciales puedan ser lentos, permitiendo la muerte de cientos de lobos con un impacto irreversible. Subrayan la función ecológica vital del lobo como depredador natural, esencial para el equilibrio de los ecosistemas y el control de poblaciones de jabalíes y corzos.

La discusión sobre el lobo se ha extendido al ámbito europeo. La Eurocámara ha modificado el Convenio de Berna, reduciendo el nivel de protección del lobo de “estrictamente protegida” a “protegida”. Esta decisión otorga a los Estados miembros mayor autonomía para gestionar las poblaciones de lobos y fomentar una mejor convivencia con los humanos, incluyendo la posibilidad de aplicar controles poblacionales y la caza, siempre que se mantenga un estado de conservación adecuado. Esta directiva, que los países deberán incorporar a su legislación nacional antes de enero de 2027, responde a la recuperación de la especie en Europa (con más de 20.000 lobos) y al aumento de los conflictos con las actividades humanas, especialmente la ganadería.

Este escenario complejo plantea la necesidad urgente de encontrar soluciones equilibradas que permitan la conservación del lobo y, al mismo tiempo, protejan los medios de vida de los ganaderos, buscando un camino de entendimiento y respeto mutuo.