Activistas de Greenpeace han alzado su voz en Sevilla para denunciar los graves riesgos ambientales que representa la posible reactivación de las minas de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces. Con una contundente protesta en el puente de la Barqueta, han alertado sobre el vertido potencial de miles de millones de litros de aguas residuales con metales pesados al río Guadalquivir, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la biodiversidad, la pesca, la agricultura y el valioso entorno de Doñana, un enclave natural de incalculable valor ecológico en el sur de España.

La acción de Greenpeace, que se desarrolló de manera llamativa durante la Copa del Mundo de Remo, buscaba captar la atención internacional sobre la problemática. La organización subraya que los vertidos de metales como arsénico, plomo, mercurio, cromo y selenio podrían acumularse en el estuario del Guadalquivir, afectando a la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir y al Espacio Natural de Doñana. Históricamente, el Guadalquivir ha demostrado una limitada capacidad para expulsar los contaminantes hacia el Atlántico, lo que agravaría la situación al permitir que estas sustancias se integren en la cadena alimentaria.

La reapertura de la mina de Los Frailes, impulsada por Grupo México, implicaría el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas con metales pesados durante más de 18 años, a través de una tubería de 30 kilómetros. A esta cifra se sumarían otros 32.000 millones de litros procedentes de la actividad de Cobre Las Cruces, lo que eleva el total a más de 117.000 millones de litros de vertidos. Este escenario ha generado una profunda preocupación entre científicos y ecologistas, quienes temen por la salud de los ecosistemas fluviales y marinos.

La respuesta social no se ha hecho esperar, y una amplia coalición de organizaciones ecologistas, entidades científicas, sindicatos agrarios, cofradías de pescadores y municipios ribereños han unido fuerzas para exigir la paralización de estos vertidos. Su principal demanda es la creación de un grupo técnico-científico independiente que evalúe el impacto acumulativo de ambos proyectos mineros antes de permitir su continuidad. Este clamor colectivo resalta la urgencia de priorizar la protección ambiental y la salud pública frente a los intereses económicos de la actividad minera.

La controversia en torno a Aznalcóllar pone en el centro del debate nacional el futuro del río Guadalquivir y el parque nacional de Doñana. Mientras las empresas promotoras y las administraciones públicas defienden la viabilidad de los proyectos, numerosos colectivos instan a aplicar el principio de precaución, revisando las autorizaciones y analizando en profundidad las posibles consecuencias sobre uno de los ecosistemas más sensibles de Europa. La salvaguarda de este entorno natural es crucial para la sostenibilidad ecológica, económica y la calidad de vida en Andalucía, exigiendo una responsabilidad colectiva que no admite dilación.